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La Corte Suprema de Justicia asumirá un rol central en uno de los procesos de decomiso más significativos de los últimos años: será la encargada de administrar y subastar los bienes adjudicados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros condenados por maniobras fraudulentas investigadas en una causa que se extendió por más de una década.
La medida llega luego de que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dispusiera el decomiso de los activos involucrados y ordenara avanzar con su ejecución ante el incumplimiento de los condenados. La ex mandataria, que cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria, figura entre los principales alcanzados por la resolución.
El fallo, cuya sentencia original fue dictada en diciembre de 2022 y ratificada en junio de este año, identifica 122 bienes inmuebles considerados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o como activos incorporados durante el período comprendido entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El monto del decomiso, inicialmente fijado en $84.835 millones, fue actualizado por peritos contadores a $684.990 millones, una cifra avalada por la propia Corte Suprema bajo criterios técnicos establecidos para este tipo de valuaciones.
Entre los bienes alcanzados figuran propiedades vinculadas al empresario Lázaro Báez y a firmas como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de hoteles, terrenos y departamentos distribuidos entre Santa Cruz, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El listado también incluye un inmueble registrado a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y diversos bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, que ahora formarán parte del paquete que será puesto a la venta bajo supervisión del máximo tribunal.
