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El plan de paz impulsado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya genera resistencias antes de sentarse a la mesa. Aleksei Noumov, funcionario del Kremlin, puso en duda su viabilidad, una reacción previsible en Moscú, que niega las acusaciones por la deportación forzada de unos 35 mil niños ucranianos, señalada por la ONU y la Corte Penal Internacional, que mantiene una orden de captura contra Vladimir Putin desde 2023.
El texto, trabajado por Kiev con Washington, propone un acuerdo de no agresión “total e incondicional”, con mecanismos de vigilancia aérea no tripulada y un sistema de garantías de seguridad inspirado en el artículo 5 de la OTAN. Ucrania conservaría un ejército de 800 mil efectivos y recibiría respaldo militar automático ante una invasión rusa, mientras que cualquier acción ofensiva no provocada de Kiev anularía esas garantías.
En el plano político y económico, el plan fija la adhesión de Ucrania a la Unión Europea con plazos definidos, acceso preferencial al mercado único y un programa de reconstrucción financiado por un fondo internacional de hasta 200 mil millones de dólares, con participación del Banco Mundial y capital privado estadounidense y europeo. La hoja de ruta incluye inversiones en tecnología, inteligencia artificial, infraestructura energética y explotación de recursos naturales.
En materia territorial, se reconoce de facto la actual línea de contacto en cuatro óblasts del este, con fuerzas internacionales de verificación, y se exige la retirada rusa de otras regiones clave para activar el acuerdo. También contempla intercambio total de prisioneros, liberación de civiles y elecciones en Ucrania tras la firma.
La implementación quedaría bajo un consejo de paz presidido por Donald Trump, con sanciones automáticas ante incumplimientos. Una arquitectura ambiciosa que, por ahora, choca con el rechazo ruso y deja al descubierto la distancia entre el papel y el campo de batalla.
