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El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea sumó un nuevo obstáculo en su largo camino hacia la vigencia. El Parlamento Europeo resolvió frenar su avance y elevar una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que determine si el convenio se ajusta a los tratados que rigen al bloque de los 27 países.
La votación fue ajustada: 334 eurodiputados se pronunciaron a favor de la consulta judicial y 324 en contra. El resultado refleja las profundas divisiones internas que persisten en Europa respecto del alcance y la legalidad del acuerdo, especialmente en torno a sus implicancias comerciales, ambientales e institucionales.
Ante la falta de consenso, el Consejo Europeo había intentado destrabar la situación mediante una estrategia alternativa: dividir el acuerdo en dos partes, separando el capítulo arancelario del institucional. Sin embargo, esa maniobra encontró una fuerte resistencia, con Francia como uno de los países que más se opuso. Ahora, con la intervención del Tribunal de Justicia, será la Justicia europea la que defina si ese camino es compatible con el derecho comunitario.
El fin de semana pasado, en Asunción, se firmó el acuerdo en sus aspectos formales, pero aún restaban varios pasos institucionales para su plena entrada en vigor. La decisión del Parlamento introduce una nueva demora que podría extenderse durante meses, hasta que el máximo tribunal europeo emita su dictamen.
En la Argentina, el presidente Javier Milei incluyó la aprobación del tratado en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. De todos modos, el convenio también deberá ser ratificado por los parlamentos de todos los países miembros plenos del Mercosur, en un contexto regional e internacional marcado por la cautela y las tensiones políticas.
