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En 1997, la democracia argentina recibió una señal que todavía resuena. No fue una anomalía ni un desvío excepcional del sistema: fue una exposición descarnada de sus zonas más oscuras. El asesinato de un fotógrafo no constituyó únicamente un crimen atroz; funcionó como un mensaje mafioso, explícito y disciplinador. El destinatario no fue solo una persona, sino todos aquellos que investigan, preguntan y se niegan a aceptar el silencio como regla.
Cuando el periodismo ejerce su función esencial —mirar donde no se quiere que se mire— deja de ser tolerado y pasa a convertirse en un estorbo. Aquella muerte reveló con crudeza que, en determinados contextos, la búsqueda de la verdad tiene un costo que el poder está dispuesto a imponer.
Veintinueve años después, el crimen más estremecedor de la democracia argentina sigue diciendo lo mismo. Cuando confluyen una policía autonomizada, un poder económico que opera en las sombras y una política atravesada por disputas internas, la violencia no aparece como un accidente: se convierte en un método. Durante demasiado tiempo se sostuvo la idea de una normalidad institucional, una calma aparente apoyada en la presunción de que las reglas seguían funcionando. Pero no era paz: era silencio antes del derrumbe.
La irrupción de la realidad fue abrupta y brutal. Nadie pudo seguir mirando para otro lado. No se trató solo de un ataque individual, sino de una embestida directa contra el periodismo de investigación, contra el derecho de la sociedad a saber y contra la noción básica de que el poder debe rendir cuentas.
Por eso 1997 no es solo un recuerdo del pasado. Es una advertencia que sigue vigente. Aquel crimen no ocurrió en el vacío ni fue producto de una desviación personal: nació de un entramado reconocible de intereses económicos opacos, estructuras estatales degradadas y disputas políticas que transformaron la investigación en un campo de batalla. Nada fue improvisado. Y nada debería ser olvidado.
