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El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue procesado este lunes por asociación ilícita en una causa que investiga el cobro de sobornos, maniobras de fraude al Estado y el uso del cargo público para favorecer intereses privados. La decisión fue tomada por el juez federal Sebastián Casanello, quien además dispuso un embargo superior a los 202 millones de pesos sobre los bienes del ex funcionario.
El fallo alcanza también a Daniel Garbellini, quien fue el segundo de Spagnuolo en la ANDIS, y a Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos con estrechos vínculos con droguerías. En total, son 19 las personas procesadas, entre ex funcionarios, empleados del organismo y empresarios privados, todos señalados por haber cumplido distintos roles dentro de la presunta organización delictiva.
Según el magistrado, durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei se consolidó “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”. Casanello describió un esquema en el que “operadores externos y funcionarios de máxima jerarquía actuaron de manera mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
En su resolución, el juez fue categórico al señalar que la ANDIS se transformó en “una vía de enriquecimiento para los miembros de la organización”, desviando recursos y decisiones que debían estar orientadas a la protección y el cuidado de las personas en situación de discapacidad.
Además, la investigación podría ampliarse. El fallo advierte que el esquema delictivo “no se agota en los hechos aquí probados” y que existen indicios de que la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios se habría extendido a otras áreas del organismo. “La magnitud de las cifras y el desenfado con el que se actuó sugieren un nivel mayor de complicidades”, concluyó Casanello.
