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La investigación por el suicidio del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, ocurrido el pasado 16 de diciembre en la Quinta de Olivos, dio un giro clave en las últimas horas. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que siete presos habrían extorsionado al joven militar, en una maniobra que se habría iniciado a través de una aplicación de citas.
En una conferencia de prensa, Monteoliva estuvo acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la causa. Según detalló la funcionaria, los detenidos contactaron a Gómez utilizando un perfil falso bajo el nombre “Julieta Ayelén Cardozo”, una identidad digital creada con fines delictivos.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el soldado habría sido víctima de una extorsión sostenida, cuyo contenido y alcances aún están bajo análisis judicial. “Estamos frente a un mecanismo criminal que se repite y que aprovecha la vulnerabilidad de las víctimas mediante engaños en plataformas digitales”, sostuvo Monteoliva, al tiempo que remarcó la gravedad institucional del caso.
Por su parte, Arroyo Salgado explicó que los siete implicados operaban desde la Unidad Penitenciaria N°36 de Magdalena. Desde allí, según la magistrada, coordinaban contactos, amenazas y pedidos extorsivos utilizando teléfonos celulares obtenidos de manera ilegal. La jueza también recordó que existen antecedentes recientes con un modus operandi similar, lo que refuerza la hipótesis de una red organizada.
La causa avanza ahora sobre el análisis de los dispositivos secuestrados y las comunicaciones digitales, mientras no se descarta la participación de más personas, tanto dentro como fuera del penal. El caso volvió a encender las alarmas sobre el uso delictivo de las redes, el control en las cárceles y el impacto psicológico de estas prácticas en jóvenes vulnerables.
