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La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en los últimos días un elemento decisivo: la declaración de un testigo de identidad reservada que fortaleció la hipótesis de un entramado de sobornos, intermediaciones y posible lavado de dinero.
Con ese testimonio como pieza central, el juez Sebastián Casanello dictó la semana pasada el procesamiento de 19 personas, entre ellas el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y el lobista Miguel Calvete. Según la pesquisa, Calvete habría actuado como nexo entre proveedores y la agencia, garantizando pagos a cambio de retornos, una maniobra que se desprende de escuchas telefónicas incorporadas al expediente.
El fiscal Franco Picardi profundiza ahora el análisis de transacciones y el rol de distintas ortopedias que proveyeron insumos a la ANDIS. Tras una serie de allanamientos, la sospecha es que el esquema podría no agotarse en los hechos ya detectados y extenderse a otros delitos y responsables.
En paralelo, avanzan medidas vinculadas al presunto lavado de activos, con intervención del Ministerio Público y la Procelac. También siguen bajo la lupa la Droguería Suizo Argentina y la familia Kovalivker. Aunque no fueron procesados, la Justicia enfrenta obstáculos técnicos: un teléfono entregado sin contenido, otro bloqueado y pedidos de información a proveedores en Estados Unidos que podrían demorar meses.
La causa, además, roza la interna política. Un audio menciona a un “Helvético”, identificado como Sebastián Nuner Uner, y a “Rioja”, apodo que los investigadores vinculan con Eduardo “Lule” Menem. Desde esta semana, el expediente quedará en manos de Ariel Lijo, quien deberá resolver si mantiene la delegación en la fiscalía y revisar la validez de audios que podrían incluso derivar en la nulidad del caso.
