Pullaro va por una nueva ofensiva contra el delito: impulsa once leyes que amplían el poder policial y judicial

El gobernador santafesino envió a la Legislatura un paquete de reformas que endurece herramientas de seguridad, amplía facultades para fiscales y fuerzas policiales y reabre el debate sobre los límites entre el combate al crimen y las garantías constitucionales.
Politica17/05/2026Studio 341 NewsStudio 341 News

A un año de una nueva disputa electoral y ya transitando el tercer tramo de su gestión, Maximiliano Pullaro volvió a colocar a la seguridad en el centro de la escena política. El gobernador de Santa Fe presentó en la Legislatura un paquete compuesto por once proyectos de ley que profundizan la reforma iniciada en 2024 y buscan dotar al Estado de mayores herramientas para enfrentar el delito y las organizaciones criminales.

La iniciativa incluye medidas que prometen generar una fuerte discusión política, judicial y académica. Entre los puntos más destacados aparecen la posibilidad de que fiscales y policías tomen declaraciones a sospechosos sin que la presencia del abogado defensor sea obligatoria, juicios en ausencia para imputados prófugos y allanamientos sin orden judicial en determinados escenarios vinculados a armas de fuego.

El proyecto también incorpora un régimen más severo para presos que continúan organizando delitos desde las cárceles, ampliación de facultades de inteligencia con herramientas digitales y la creación de zonas especiales de intervención policial, donde podrían aplicarse restricciones de circulación, controles extraordinarios y demoras preventivas.

Desde el gobierno sostienen que las bandas vinculadas al narcomenudeo fueron contenidas, aunque consideran que el problema está lejos de resolverse. Bajo esa lógica, Pullaro busca avanzar hacia una nueva etapa del esquema de seguridad provincial.

Las críticas aparecieron rápidamente. Distintos sectores advierten sobre posibles tensiones con principios constitucionales y anticipan cuestionamientos judiciales por un eventual avance excesivo del Estado sobre derechos individuales.

En paralelo, el Ejecutivo también impulsa una profunda reorganización del sistema judicial penal para aliviar la sobrecarga que enfrenta Rosario, donde actualmente existen más de 650 juicios pendientes. La intención es unificar el trabajo de los jueces de toda la provincia y redistribuir causas.

Con resultados en seguridad como principal bandera política, Pullaro vuelve a instalarse en el centro del debate y apuesta a reforzar una imagen que, dentro y fuera del oficialismo, ya tiene definición propia: la del dirigente más duro en la lucha contra la inseguridad.

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