Studio 341 NewsEn medio de la discusión nacional por una nueva regulación de los biocombustibles, el gobierno de Santa Fe decidió tomar una posición propia y presentar una serie de modificaciones que intentan equilibrar intereses contrapuestos dentro de una industria clave para la provincia. Bajo la premisa de “neutralizar distorsiones y garantizar un abastecimiento transparente”, la administración santafesina propuso cinco cambios estructurales a la normativa vigente.
La iniciativa surge en un contexto donde dos proyectos enfrentan modelos diferentes. Por un lado, el oficialismo impulsa una reforma que permitiría a grandes aceiteras ingresar como proveedoras directas de biodiésel para los cortes obligatorios con combustibles fósiles, modificando el esquema vigente desde 2006. Del otro lado, la propuesta del diputado cordobés Carlos Gutiérrez busca proteger una parte del mercado para las empresas “no integradas”, históricamente protagonistas del sector.
Con presencia tanto de grandes multinacionales como de empresas medianas y pequeñas vinculadas a la producción de biocombustibles, Santa Fe intenta evitar una disputa de ganadores y perdedores. “Nuestra propuesta no se para en los extremos”, sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
Entre las principales medidas figura elevar el corte obligatorio de biodiésel al 15%, con posibilidad de llegar al 20%; reservar un 40% del mercado a empresas no integradas; limitar la discrecionalidad estatal para modificar porcentajes; incorporar beneficios para combustibles del futuro y garantizar acceso equitativo a materias primas estratégicas.
La discusión seguirá en el Congreso, pero Santa Fe busca instalar una alternativa de consenso en un sector atravesado por fuertes intereses económicos y productivos.
