Studio 341 NewsEl Gobierno amplió a las cárceles provinciales el procedimiento para bloquear teléfonos celulares activados dentro de establecimientos penitenciarios, con el objetivo de impedir que sean utilizados para planificar, coordinar o ejecutar maniobras delictivas desde los penales.
La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), publicada en el Boletín Oficial. La normativa modifica el esquema vigente para el bloqueo de equipos denunciados por robo, hurto o extravío e incorpora expresamente a las unidades penitenciarias provinciales.
A partir de ahora, las empresas de telefonía deberán bloquear tres elementos vinculados con los dispositivos detectados dentro de las áreas de detención: el IMEI, que identifica al equipo; el IMSI, asociado a la tarjeta SIM; y la línea telefónica correspondiente.
El mecanismo ya estaba habilitado para las cárceles federales y ahora podrá extenderse a las provincias que adhieran al protocolo aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Los bloqueos no serán automáticos: deberán responder a una solicitud expresa de esa cartera, que centralizará los pedidos y enviará a las compañías los datos necesarios.
La resolución también establece condiciones técnicas para evitar que la medida afecte las comunicaciones fuera del perímetro penitenciario. Además, las empresas deberán registrar y conservar información sobre cada operación realizada.
La modificación surgió a partir de un pedido del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, que había advertido sobre el uso de celulares dentro de las cárceles provinciales.
Con la nueva normativa, el Gobierno busca unificar el procedimiento y reducir el uso de teléfonos no autorizados en prisión. Sin embargo, su aplicación dependerá de la adhesión de cada provincia.
