Atentado a la AMIA: procesaron a ocho iraníes y libaneses y ordenaron embargos por US$500 millones

La resolución, de más de 600 páginas, fue dictada bajo el régimen de juicio en ausencia establecido por la ley 27.784, que permite avanzar con el proceso aunque los acusados permanezcan prófugos en el extranjero.

Según la reconstrucción realizada por Rafecas, la decisión de cometer el ataque fue adoptada en agosto de 1993 por las máximas autoridades del régimen iraní y encomendada a Hezbollah. La organización habría coordinado la operación a través de una red de apoyo regional y local con base en la zona de la Triple Frontera.

Entre los procesados como autores mediatos figuran Ali Fallahijan, Ali Velayati, Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi, quienes ocupaban cargos de máxima responsabilidad en el gobierno y las fuerzas de seguridad iraníes. Como cómplices necesarios fueron señalados Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani y Ahmad Asghari. También fue procesado Salman Raouf Salman, conocido como Samuel El Reda, a quien el juez atribuyó la coordinación de la etapa final del ataque.

De acuerdo con el fallo, los responsables adquirieron una Renault Trafic el 10 de julio de 1994 y la cargaron con unos 300 kilos de explosivos. Ocho días después, el vehículo fue utilizado para atacar la sede de la AMIA, con un saldo de 85 muertos, 151 heridos y graves daños materiales.

Rafecas calificó los hechos como homicidios y lesiones reiteradas, agravados por motivos discriminatorios, y consideró que el atentado constituye un crimen de lesa humanidad. También lo encuadró en la figura de genocidio conforme al Derecho internacional.

La resolución podrá ser apelada por la Defensa Oficial. Si queda firme, el expediente avanzará hacia un eventual juicio oral y público bajo el régimen de juicio en ausencia.