El Senado busca convertir en ley el proyecto de Discapacidad en medio de una agenda cargada de debates
El Senado se prepara para sesionar este jueves con un tema central en la agenda: la sanción definitiva de la nueva Ley de Discapacidad. El proyecto, que ya cuenta con media sanción de Diputados, reúne el respaldo del oficialismo, sectores aliados y el peronismo, en un escenario de consensos poco habitual dentro del Congreso.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsa su tratamiento antes de que venza en diciembre la actual emergencia en discapacidad. La iniciativa busca transformar en permanentes los principales beneficios del sistema y evitar que su continuidad quede sujeta a futuras prórrogas.
La agenda definitiva se resolverá este miércoles, a las 15, durante la reunión de Labor Parlamentaria. También podrían incorporarse la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la denominada Ley Joaquín, ambas aprobadas por Diputados.
En paralelo, el oficialismo acelera las negociaciones para avanzar con la reforma electoral, cuyo eje es la suspensión de las PASO. El martes a las 15 se buscará firmar el dictamen en comisión. Ese mismo día, el Gobierno espera obtener el despacho del Presupuesto 2027 para llevarlo al recinto el 25 de noviembre.
Qué cambia con la nueva Ley de Discapacidad
El proyecto replica buena parte del esquema de la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y lo convierte en un régimen permanente.
Entre sus puntos principales, permite compatibilizar las pensiones no contributivas —equivalentes al 70% de la jubilación mínima— con un empleo formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. También garantiza la actualización de los aranceles de las prestaciones, la cobertura de Incluir Salud y un piso real de financiamiento para el área.
Además, establece auditorías periódicas mediante el cruce de información entre organismos públicos, con garantías de debido proceso. A pedido de bloques aliados, se incorporó un cronograma para cancelar las deudas con prestadores y un plazo máximo de 30 días para reglamentar la norma.
La votación pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para construir acuerdos en una semana clave para el Gobierno, que busca cerrar el período ordinario con avances en su agenda legislativa.
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