Mansión de Pilar: denuncian a dos jueces de Casación y piden su juicio político
La causa por la mansión de Pilar sumó un nuevo capítulo judicial. Luego de que la Corte Suprema resolviera que el expediente debía tramitar en los tribunales de Comodoro Py, María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), impulsó una denuncia contra los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña ante el Consejo de la Magistratura.
La presentación apunta a un presunto mal desempeño de ambos magistrados por haber permitido que la investigación quedara radicada en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Para Talerico, la decisión constituyó un comportamiento orientado a favorecer a los imputados.
En su resolución, la Corte cuestionó el accionar de los jueces de Casación. Señaló que Barroetaveña ignoró los planteos del fiscal Mario Villar sobre la competencia territorial y calificó lo ocurrido como una «prístina y grosera violación a las reglas de competencia», con una afectación directa a la garantía constitucional del juez natural.

A esos cuestionamientos se sumó el dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien advirtió sobre la falta de consistencia de Casación al admitir planteos de las defensas sobre cuestiones que anteriormente consideraba irrevisables.
«No estamos ante un debate interpretativo: el fallo es un desvío de poder deliberado para favorecer a la AFA», sostuvo Talerico. También señaló un posible conflicto de intereses respecto de Barroetaveña, quien hasta diciembre de 2025 presidió el Tribunal de Disciplina y Ética de la asociación.
Sobre Borinsky, cuestionó un cambio de criterio en la admisibilidad de recursos de queja que, según la denunciante, terminó beneficiando a los imputados y perjudicando al fiscal.
La investigación busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir una propiedad de 105.000 metros cuadrados en Pilar, valuada en más de US$ 20 millones. El inmueble figura a nombre del monotributista Luciano Pantano y de su madre, Ana Conte, jubilada.
La hipótesis judicial apunta a que ambos podrían haber actuado como testaferros de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre cercano a su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia. Los investigadores buscan establecer si la operación se financió con dinero presuntamente desviado de la entidad.
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