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La reestructuración de los planes Potenciar Trabajo ha sacudido los cimientos de la asistencia social, impactando directamente a más de un millón de beneficiarios y deteniendo en seco numerosos proyectos llevados a cabo por cooperativas. Más allá de los detalles del decreto que pone fin al programa y reorganiza a los beneficiarios, subyace un objetivo claro: desmantelar la estructura construida en torno a las organizaciones sociales.
Los nuevos programas que sucederán al Potenciar Trabajo, "Volver al Trabajo" y "Acompañamiento Social", dividirán a los beneficiarios en dos grupos distintos. El primero, albergará a un millón de personas bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, con la intención de que perciban sus beneficios de forma individual, evitando la intermediación de las organizaciones. Los restantes 200 mil beneficiarios serán incluidos en el segundo programa, bajo la jurisdicción del área de Niñez, antes Desarrollo Social, aunque aún no se esclarece cómo se llevará a cabo este proceso.
Aunque las autoridades de la Secretaría de Trabajo se han mantenido herméticas ante las solicitudes de información, trasciende que la estrategia se basa en tres puntos clave. Primero, eliminar la necesidad de certificación de asistencia de las Unidades Ejecutoras, permitiendo así que los beneficiarios del plan no estén atados a las organizaciones. Segundo, desfinanciar a estas agrupaciones, cortando el flujo de fondos proveniente del Estado destinado a los trabajos cooperativos. Y por último, excluir a estas organizaciones de la estructura de asistencia, mediante reglamentaciones como las del Potenciar Trabajo, con la intención de evitar situaciones donde se entregue dinero a cambio de paz social, como sucedió en gestiones anteriores.
Un punto crítico es la desvinculación del Potenciar de los aumentos del Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que significa que los ingresos se verán paulatinamente erosionados por la inflación, reduciendo su impacto como una asistencia significativa y obligando a los beneficiarios a buscar otras fuentes de ingresos. En un contexto de recesión y disminución de la actividad económica, la posibilidad de encontrar empleo genuino a corto plazo parece remota.
Pablo Pais, ex titular de la Unidad Ejecutora Potenciar Trabajo, reflexionó sobre la situación, reconociendo la falta de sensibilidad y coraje para proteger esta política social de posibles abusos políticos y para centrarla verdaderamente en las necesidades de las personas.
Por su parte, un dirigente que ha ocupado cargos en Desarrollo Social y lidera una organización social, expresó su cautela ante el cambio, señalando la tendencia de los nuevos gobiernos a cambiar nombres y prometer acciones sin efectuar cambios reales, y sugiriendo que es probable que el gobierno termine recurriendo nuevamente a las mismas personas y organizaciones para implementar sus programas.
Además del decreto, se ha producido un ajuste inmediato en la asistencia alimentaria, lo que llevó a ministros de Desarrollo Social de nueve provincias a solicitar la reversión de la decisión de congelar y desfinanciar los programas de asistencia social. Estos funcionarios se reunieron en la Casa de la Provincia de Buenos Aires para evaluar el impacto de estos recortes y exigir un restablecimiento del diálogo para reactivar las políticas sociales ahora suspendidas.
