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Sebastián Sosa, José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio fueron privados de su libertad el pasado lunes, luego de que la presunta víctima declarara durante varias horas en Cámara Gesell, y la fiscal María Eugenia Posse solicitara sus detenciones.
De acuerdo al procedimiento procesal en Tucumán, este estado de detención puede extenderse hasta un máximo de 48 horas, durante las cuales el juez de Garantías debe convocar a una audiencia oral con todas las partes involucradas para decidir si los imputados son liberados bajo fianza o se les impone la prisión preventiva.
El juez posee diversas opciones para su dictamen, que van desde desechar las acusaciones (opción que parece improbable en este punto) hasta ordenar la prisión preventiva y trasladar a los futbolistas a una institución del Servicio Penitenciario local.
En un escenario intermedio, podría decidir la liberación de los acusados si considera que no existen "riesgos procesales" (como fuga o interferencia en la investigación), imponiendo una serie de restricciones y garantías para la protección de la víctima, incluyendo el monitoreo mediante una tobillera electrónica.
Los cuatro futbolistas cuentan con la representación legal de abogados tucumanos: Ernesto Baclini, en el caso de Sosa; José Molina, para Osorio y Cufré; y Mariano Atim Antoni, en el caso de Florentín.
Por otro lado, la joven periodista deportiva de 24 años que presentó la denuncia está siendo asistida legalmente por la abogada Patricia Neme.
