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El gobierno provincial presentó este jueves una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación por el presunto delito de explotación, administración y operación de juegos de azar en perjuicio de la Administración Pública Provincial por parte de sitios web de apuestas, solicitando que sean bloqueados y se embarguen las cuentas bancarias de 273 sitios de internet.
La documentación, dirigida a la Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, está firmada por los ministros de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y de Educación, José Goity; y el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe (CAS), Daniel Di Lena.
Según el escrito, la CAS, como autoridad de aplicación en lo que refiere a los juegos de azar en la Provincia de Santa Fe, ha advertido que 273 sitios de internet “permiten apostar al margen de la ley”, violando disposiciones del Código Penal y la normativa vigente en materia de regulación del juego, sin la aprobación de la autoridad competente para comercializar dichos juegos.
Estos sitios posibilitan el acceso a “un número indeterminado de habitantes de la Provincia de Santa Fe, entre ellos a menores de edad, a juegos, apuestas y/o sorteos realizados en flagrante violación al marco normativo correspondiente a los Juegos de Azar que se comercializan en nuestra provincia y el resto del país”, indica el documento. “Es claro el perjuicio derivado de la ausencia de limitación de acceso a lugares de juego por parte de menores y el tiempo de exposición de los mismos ante sitios o plataformas que permiten esta interacción de manera irrestricta”, agrega.
“La tentación de ganar dinero con un par de clicks puede generar efectos negativos en la salud física y mental de chicos y adolescentes. La proliferación de este tipo de plataformas no registradas está impulsada por una sólida campaña de publicidad que incluye a varios influencers apuntando directamente a los jóvenes, que son quienes más consumen su contenido”, señaló el vicepresidente de la Lotería, Di Lena.
Por otra parte, el escrito menciona también que “el Estado detenta el monopolio de la explotación de los juegos de azar”, en consecuencia, “todo dinero que se haya canalizado a través del juego ilegal representa un grave perjuicio al patrimonio estatal, teniendo en cuenta que son recursos económicos que según las necesidades y prioridades se determinen”.
Se estima que el juego ilegal representa aproximadamente el 80% del juego en línea, ocasionando esta actividad un daño económico, ya que sólo por el canon que deberían abonar el perjuicio es superior a los 2.000 millones de pesos mensuales. “Adicionalmente, cabe destacar que la irregularidad de estas actividades escapa también a la acción fiscal del Estado al no aportar ningún tipo de tasas o impuestos al mismo, incrementado aún más el monto estimado”, concluye el documento.
