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El agente Cristian Rivaldi está acusado por ser el principal responsable del suceso ocurrido en la movilización de los jubilados en septiembre del año pasado.
Policiales07/05/2025Cristian Rivaldi, el efectivo de la Policía Federal imputado por lanzar gas lacrimógeno a una nena de diez años durante la represión de una marcha de jubilados frente al Congreso, el 11 de septiembre de 2024, pidió ser sobreseído y negó haber visto a la menor.
Lo hizo en un escrito presentado ante el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Eduardo Taiano, en el marco de su declaración indagatoria en los tribunales de Retiro.
Según fuentes judiciales, Rivaldi se despegó de las acusaciones. Aseguró que actuó bajo órdenes de sus superiores, que nunca identificó a una menor en la protesta y que cumplió su tarea “con las precauciones del caso”.
En su descargo, el policía sostuvo que durante esa jornada hubo “violencia en forma constante” y que las instrucciones que recibían a través de la radio eran claras: “Avance, disperse a los revoltosos y liberen la calzada”.
“Nunca vi a una menor en el lugar”, insistió. Y agregó que su atención estaba puesta “lógicamente en los sitios donde se producían los desmanes”.
También deslizó críticas a la madre de la nena, Fabrizia, a quien responsabilizó por haberla llevado a la marcha. “Es la madre a quien le incumbe sus deberes de protección y cuidado derivados de la responsabilidad parental”, escribió.
En otro tramo del documento, enfatizó: “Jamás imaginé que una menor estaría solapada en esos grupos violentos”.
Según declaró, si hubiese advertido la presencia de una niña, “lo primero que hubiera hecho era sacarla del lugar” u ordenar que alguien lo hiciera “urgentemente”.
El acusado, que integra el grupo de operaciones de la Policía Federal, remarcó que nunca recibió una orden “manifiestamente ilícita”. Y defendió su actuación: “Siempre de acuerdo con lo ordenado por la Superioridad y bajo las órdenes del Comando Unificado de las Fuerzas Federales”.
Además de pedir el sobreseimiento, Rivaldi solicitó nuevas medidas de prueba, entre ellas pericias sobre fotos y registros fílmicos de los incidentes ocurridos ese día.
Finalizada la indagatoria, el juez Ramos quedó en condiciones de resolver la situación procesal del efectivo.
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