Escándalo en Rosario: imputan a 13 policías y 4 civiles por una estafa millonaria con combustibles

La causa investiga una defraudación de $45 millones en fondos destinados a cargar nafta para patrulleros. Entre los implicados hay oficiales en actividad y empleados de una estación de servicio clausurada. Este martes serán llevados a audiencia imputativa.

Policiales13/05/2025Studio341NewsStudio341News
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Trece policías de Rosario y cuatro civiles serán imputados este martes por su presunta participación en una millonaria malversación de fondos públicos vinculada a la carga de combustible de patrulleros. La maniobra, según los investigadores, habría desviado al menos $45 millones del presupuesto de Seguridad.

La audiencia se realizará desde las 8.00 en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Allí se formalizarán las acusaciones en una causa que estalló hace diez meses y que, en las últimas semanas, tuvo un fuerte avance.

Entre los policías acusados figuran Francisco C., Nancy P., Juan Alberto V., Gustavo B., Gerardo R., Juan Pablo O., Sergio Darío L., Fabián F., Jorge D., Fernando C., Mario B., Javier A. y Rodrigo D.

Los cuatro civiles involucrados trabajaban en una estación de servicio que fue utilizada como eje de la maniobra y que actualmente se encuentra clausurada. Se trata de Mónica B., María Fernanda D. F., Oscar C. y Daniel R.

La causa apunta a delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y lavado de activos de origen ilícito.

El caso tomó notoriedad hace poco más de una semana, cuando el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, junto al fiscal regional Matías Merlo y el fiscal José Luis Caterina, brindaron una conferencia de prensa. Allí informaron que se habían realizado 36 allanamientos y varias detenciones vinculadas al desvío de fondos.

El monto bajo sospecha es impactante: $45 millones habrían sido sustraídos de los $380 millones que, mes a mes, se destinan a abastecer de combustible a los patrulleros.

Por el avance de la investigación, aunque no están formalmente imputados, el jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, y su segundo, Mariano Govi, fueron apartados de sus cargos por decisión del gobierno provincial.

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