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La ofensiva judicial contra la Argentina sumó nuevos actores. En las últimas horas, varios fondos de inversión se presentaron ante la Justicia de Nueva York con el objetivo de quedarse con el 51% de las acciones de YPF, en el marco del controvertido fallo de la jueza Loretta Preska que autorizó la entrega de ese paquete accionario.
Se trata de Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee, viejos conocidos del mundo financiero que se negaron a ingresar en el canje de bonos en default tras la crisis de 2001 y que ahora buscan cobrarse una deuda histórica a través del activo más valioso que tiene el Estado argentino en el extranjero: la petrolera nacional.
Según detalló Sebastián Maril, director de Latam Advisors, estos fondos ya iniciaron las primeras presentaciones para reclamar prioridad en la ejecución de esas acciones, como una forma de resarcimiento por los bonos impagos.
“Beneficiarios de fallos por deuda en default también piden tomar posesión de las acciones de YPF en manos del Estado. Adicionalmente, solicitan prioridad sobre los beneficiarios de los casos expropiación YPF y Bainbridge, ya que sus fallos fueron anteriores”, explicó Maril.
A diferencia de los conocidos juicios por la expropiación de YPF en 2012, estos fondos cuentan con sentencias firmes por deuda soberana en tribunales estadounidenses, que datan de los años posteriores al estallido económico de 2001. Son fondos que aún conservan títulos impagos y que ahora buscan cobrarse con los activos de la petrolera.
Entre los nuevos demandantes se destacan Attestor Master Value y Trinity Investments, representados por el abogado Dennis Hranitzky, famoso por haber logrado en 2012 la confiscación de la Fragata Libertad en Ghana, cuando asesoraba al fondo NML - Elliott Capital Management.
Los fondos solicitaron a Preska una orden conocida como “me too”, una herramienta legal que permite extender los efectos de un fallo previo a otros beneficiarios en situaciones similares. Así, buscan colarse en la ejecución que ya favorece a los litigantes de los casos Petersen/Eton y Bainbridge.
El argumento es claro: la Argentina sigue controlando el 51% de YPF y ese activo debería ser utilizado para saldar las deudas judiciales que arrastra el país desde hace más de dos décadas. Además, los fondos aseguran que su reclamo se sustenta tanto en la legislación estadounidense como en normas internacionales aplicables a defaults soberanos.
Para Latam Advisors, los reclamos de estos fondos “preceden a las causas Petersen/Eton y Bainbridge”, lo que abre un nuevo frente judicial y enciende las alarmas sobre el futuro del control estatal sobre YPF.
Mientras tanto, el Gobierno argentino espera una respuesta de la jueza Preska a su pedido de suspender el fallo, y prepara una apelación ante una Corte de segunda instancia en Estados Unidos. La solicitud, presentada por el estudio Sullivan & Cromwell LLP, sostiene que la decisión debería ser frenada porque “el Gobierno argentino demostró que sus argumentos pueden tener éxito”, y advierte que no conceder la apelación podría causar daños tanto al país como a otras partes involucradas.
Con este escenario, el conflicto por YPF suma nuevos protagonistas y redobla la presión judicial sobre el principal emblema energético de la Argentina.
