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title: "Trapitos en Santa Fe: la Iglesia rechaza una prohibición total y propone regular la actividad"
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description: "Mientras avanza en la Legislatura el proyecto que busca prohibir a los cuidacoches en toda la provincia, la Pastoral Social de Rosario pidió diferenciar entre quienes trabajan para subsistir y las organizaciones vinculadas a amenazas y extorsiones. También reclamó políticas de inclusión laboral y mayor presencia del Estado."
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date_published: "2026-06-04T09:15:00-03:00"
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# Trapitos en Santa Fe: la Iglesia rechaza una prohibición total y propone regular la actividad

La discusión sobre el futuro de los cuidacoches en Santa Fe sumó una nueva voz de peso. En medio del tratamiento legislativo del proyecto que propone prohibir la actividad en todo el territorio provincial, la Iglesia católica expresó su rechazo a una prohibición generalizada y pidió distinguir entre quienes encuentran en esta tarea un medio de subsistencia y quienes participan de prácticas delictivas.

La postura fue presentada ante diputados provinciales por representantes de la Pastoral Social de Rosario, que además entregaron una carta firmada por el arzobispo Eduardo Martín. El planteo puso el foco en las consecuencias sociales que podría generar una medida de alcance total sobre personas que hoy dependen de esta actividad para obtener ingresos.

“Este no es tanto un debate sobre trapitos sí o no. Es un debate sobre cómo el Estado distingue, cómo regula y cómo responde frente a la vulnerabilidad”, señalaron durante la exposición.

Desde la Pastoral remarcaron que no todas las situaciones son iguales. Diferenciaron a quienes ofrecen servicios de cuidado o limpieza de vehículos a cambio de una contribución voluntaria de aquellos casos donde existen amenazas, extorsiones o daños. En ese sentido, reclamaron una respuesta firme frente al delito, aunque advirtieron que las sanciones deberían apuntar a las organizaciones que operan detrás de esas prácticas y no a quienes buscan sostenerse de forma individual.

Como alternativa, la Iglesia propuso un esquema de regulación que incluya registros oficiales, identificación de trabajadores, zonas habilitadas y mecanismos de control. También reclamó programas de asistencia, capacitación e inserción laboral para facilitar una salida progresiva de la informalidad.

El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y continúa su debate en la Cámara de Diputados, donde la discusión excede la cuestión de la seguridad y abre interrogantes sobre el abordaje social de una problemática que creció al ritmo de la crisis económica.

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