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title: "La Justicia declaró inconstitucional el decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario"
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description: "Un juez federal hizo lugar a un amparo presentado por el CIN y la UBA y ordenó al Gobierno cumplir de inmediato con la norma aprobada por el Congreso. También cuestionó el mecanismo utilizado por el Ejecutivo para suspender su aplicación."
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date_published: "2026-10-06T16:15:00-03:00"
date_modified: "2026-10-06T15:47:10-03:00"
author_name: "Studio 341 News"
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category_name: "Politica"
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# La Justicia declaró inconstitucional el decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario

El **Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11** declaró **inconstitucional** el**Decreto 759/2025**, mediante el cual el **Gobierno**había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la identificación de fuentes específicas de recursos y a la inclusión de las partidas en el Presupuesto.

La decisión fue firmada por el **juez Martín Cormick**, quien hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). El magistrado ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de inmediato con la ley y dictar las normas necesarias para su implementación.

La norma establece, entre otros puntos, partidas destinadas al funcionamiento de las universidades y una recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes.

**El Gobierno había intentado frenar la ley mediante un veto.**Tras el rechazo del Congreso y la insistencia parlamentaria, avanzó con el decreto que condicionó su aplicación.

En su fallo, Cormick sostuvo que el decreto no supera un “test mínimo de razonabilidad” y consideró que, ante la imposibilidad de emitir un nuevo veto, terminó operando como una instancia de veto no contemplada por la Constitución.

**El juez también defendió la posibilidad de que la Justicia intervenga en decisiones con impacto presupuestario.**Además, relativizó el costo fiscal de la medida: según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso citados en la sentencia, el impacto estimado para 2025 equivalía a cerca del 0,23% del PBI nominal proyectado.

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