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La Empresa Provincial de la Energía (EPE) dio de baja a más de 15 mil usuarios que accedían al beneficio de la tarifa social de forma irregular. La medida se tomó tras una auditoría conjunta con los ministerios de Desarrollo Productivo y Economía de Santa Fe, que detectó casos de fraude, consumos desproporcionados y subsidios en propiedades de lujo.
Entre las situaciones más llamativas, figuran usuarios fallecidos, inmuebles en alquiler, comercios y viviendas ubicadas en barrios residenciales de alto poder adquisitivo que recibían el beneficio destinado a sectores vulnerables.
El programa de tarifa social subsidia parte del costo de la energía para hogares de bajos ingresos. “Buscamos eficiencia en el uso de recursos públicos y justicia distributiva”, remarcaron desde la EPE.
Casos insólitos: consumos de hasta 6.500 kW
Uno de los casos más extremos se registró en Funes: un usuario con tarifa social consumió 3.000 kW y pagó solo $17.584 sobre una factura total de $720.000. El Estado cubrió los $703.000 restantes.
En otros barrios residenciales se detectaron consumos de hasta 6.500 kW, con facturas superiores al millón de pesos. En uno de ellos, el beneficiario abonó $1.028.237 mientras que la provincia cubrió $448.820.
Solo en uno de los circuitos monitoreados en abril, hubo 13 usuarios con consumos mayores a 5.000 kW y tarifas subsidiadas. En total, la provincia desembolsó más de $4,6 millones.
También se encontraron beneficiarios registrados como Responsables Inscriptos en Arca, es decir, personas con actividad económica y tributos como IVA o Ganancias. Incluso hubo jubilados que ya no residían en los domicilios beneficiados.
Desde la EPE anticiparon que intensificarán los controles para garantizar que la tarifa social llegue exclusivamente a quienes realmente lo necesitan.
