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La Empresa Provincial de la Energía (EPE) detectó graves irregularidades en el acceso a la tarifa social y denunció a más de 15 mil usuarios ante el Ministerio Público de la Acusación. Entre los casos figuran personas fallecidas, propiedades en barrios exclusivos, locales comerciales y hasta inscriptos en IVA y Ganancias.
“Cortamos el beneficio y decidimos denunciar cada caso, sin importar si son usuarios formales o informales”, dijo la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez. El operativo comenzó hace 18 meses y se intensificó tras detectar consumos desmedidos.
Uno de los ejemplos más extremos ocurrió en Funes: un usuario con tarifa social pagó $17.584 por una factura de $720.000. El Estado subsidió los $703.083 restantes. En total, la provincia habría cubierto más de $4,6 millones en consumos injustificados.
Desde la empresa estatal adelantaron que seguirán los controles para evitar abusos y garantizar que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan.
