Bebé de seis meses bajo custodia estatal tras internación por abuso sexual

La conmoción se instaló en la provincia tras la internación de un bebé de seis meses en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, ingresado con lesiones que las primeras pericias consideran compatibles con abuso sexual. La Justicia penal local ya identificó como principal sospechoso al novio adolescente de la madre, mientras la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (DPNAF) confirmó que el niño quedó bajo resguardo del Estado mediante una medida excepcional de protección.

El director de la DPNAF, Rodrigo Lioy, explicó que la intervención se activó tras la notificación del hospital y la fiscalía interviniente. “Desde ayer tomamos intervención a través de nuestra guardia, que funciona las 24 horas. En el día de hoy se definió adoptar y efectivizar una medida de protección excepcional, que implica suspender la responsabilidad parental de los progenitores y disponer el resguardo inmediato del niño”, aseguró el funcionario.

La medida, que cuenta con supervisión judicial, tiene un plazo máximo de seis meses según la legislación vigente, y es controlada por los tribunales de familia. Lioy indicó que se trata de un procedimiento administrativo orientado a garantizar el interés superior del niño. Actualmente, el bebé sigue internado en el hospital en evolución estable pero en un cuadro delicado: el director del centro, Eduardo Casim, advirtió que presenta “un proceso infeccioso severo” y recibe nutrición por vía endovenosa. Además, alertó que en lo que va del año ya se registró en el hospital la misma cantidad de casos de abuso infantil que durante todo 2024, lo que revela una tendencia alarmante.

Una vez que el niño reciba el alta médica, se evaluará su destino: la institucionalización en un centro residencial o el acogimiento con una familia solidaria o integrante de la familia ampliada, siempre previamente evaluada para resguardar sus derechos, detalló Lioy. Sobre la madre y el entorno, el funcionario aclaró que la investigación judicial es competencia de la fiscalía, aunque confirmó que el presunto agresor “no pertenece al núcleo familiar ni a la familia ampliada del niño”. “La medida adoptada también alcanza a la madre –añadió– y a partir de ahora se inicia un trabajo interdisciplinario que evaluará las posibilidades de una eventual revinculación, siempre con el máximo respeto por el interés superior del niño”.

Respecto a un posible aumento en los casos de violencia o abuso infantil, Lioy optó por la cautela: “Cada caso es un mundo. Si bien tenemos registros internos, no podemos hablar de un incremento general, porque cada situación requiere un abordaje particular. Lo que sí hacemos es actuar de manera inmediata ante cada pedido de intervención”.