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El arribo del portaaviones estadounidense Gerald R. Ford, el más grande del mundo, marcó un nuevo capítulo de tensión en el Caribe. Con más de 15.000 efectivos desplegados, Estados Unidos consolidó la mayor presencia militar en la región en tres décadas, bajo el argumento de reforzar la lucha antidroga y desmantelar organizaciones criminales transnacionales.
Sin embargo, las recientes operaciones navales de Washington —que dejaron al menos 76 muertos en ataques contra embarcaciones sospechosas— provocaron una ola de condenas. Desde Venezuela, el ministro de Defensa Vladimir Padrino denunció “ejecuciones extrajudiciales” y anunció maniobras militares con más de 200.000 soldados para “proteger la soberanía nacional”. El presidente Nicolás Maduro acusó directamente a la Casa Blanca de intentar desestabilizar su gobierno y ampliar su control sobre los recursos petroleros del continente.
El clima diplomático se tornó aún más tenso tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien llamó a Maduro “narcotraficante” y advirtió que “sus días están contados”. A la vez, su administración sancionó al mandatario colombiano Gustavo Petro, acusándolo de permitir el auge del narcotráfico. Petro replicó que Estados Unidos usa su política antidroga como excusa para militarizar la región.
Desde el G7, Francia calificó las acciones norteamericanas como “violaciones al derecho internacional”, y Rusia habló de una conducta propia de “países sin ley”. En tanto, la CELAC y la Unión Europea emitieron un pronunciamiento conjunto en su reciente cumbre de Santa Marta, rechazando el uso de la fuerza y pidiendo un retorno urgente a la vía diplomática para evitar una crisis sin precedentes en el hemisferio.
