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Catorce agentes que ocupaban puestos de poder en la Unidad Regional II de Rosario continuarán detenidos tras ser acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a malversar fondos públicos destinados a la carga de combustible de patrulleros. La resolución fue dictada por el juez Gustavo Pérez Urrechu, quien les impuso prisión preventiva hasta el 14 de mayo, con posibilidad de extensión si se presenta una acusación preliminar.
Entre los detenidos se encuentran figuras de alto rango: el ex jefe de Policía Daniel Acosta; su secretario, Rodrigo Domínguez; el ex jefe del Comando Radioeléctrico, Diego Santamaría; el ex titular de la Motorizada, Héctor Saucedo; y responsables de distintas divisiones como Caballería, Perros, Logística, Policía Adicional y el Cuerpo Guardia de Infantería, entre otros. También se investiga al ex interventor de Medicina Legal.
El fiscal José Luis Caterina celebró la decisión judicial y afirmó que la estructura delictiva “quedó completamente acreditada” a partir de maniobras de sobrefacturación, cargas ficticias y desvío sistemático de fondos, detectados mediante GPS, análisis de consumo y un imputado colaborador clave.
La causa comenzó el 10 de julio de 2024, cuando Asuntos Internos recibió información anónima sobre movimientos irregulares en el Garage Oficial. Las pericias revelaron patrulleros que figuraban consumiendo combustible cuando no circulaban, vehículos fuera de uso que seguían apareciendo en facturas y cargas diarias de hasta 30 mil pesos en móviles inexistentes.
Uno de los episodios más llamativos fue el de un Fiat Cronos que, según los registros, habría consumido 170 litros más de lo necesario. A esto se sumó un intento de borrar pruebas: dos móviles asignados a jefes investigados aparecieron incendiados pocos días después de los allanamientos.
“La organización estaba montada para sostener un fraude diario”, definió Caterina, en una causa que promete seguir ampliándose.
