El Gobierno acelera una reforma laboral clave mientras crece la presión por el estancamiento del empleo privado

En el Gobierno nacional consideran la reforma laboral como uno de los pilares de la etapa de “transformaciones de segunda generación”. Con ese diagnóstico, el oficialismo ultima detalles para presentar el proyecto este 9 de diciembre en el Congreso. La presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, afirmó: “Tenemos suficientes senadores como para discutir y hablar”, aunque reconoció que habrá que negociar: “No todos van a votar estas leyes; debemos dialogar con quienes tengan voluntad de transformación”.

Un informe de la fundación Pensar trazó un panorama crítico: de cada 100 argentinos, sólo 13 trabajan en relación de dependencia en el sector privado. El resto se reparte entre cuentapropistas, informales y empleados públicos. En 13 años, el empleo informal creció 22%, el cuentapropismo 49% y el público 32%, mientras el empleo formal privado quedó estancado. En paralelo, entre 2016 y 2024, el ingreso real cayó 41%.

Otro eje del diagnóstico es la “industria del juicio laboral”. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se inician 80 mil juicios por accidentes por año y sólo se resuelve el 15%. Para las pymes, la litigiosidad es una barrera decisiva: una demanda laboral cada diez empleados.

El Gobierno reglamentó el Fondo de Cese Laboral, pero la adhesión fue baja. Ahora evalúa reducir cargas patronales para financiarlo y promover su adopción. Argentina tiene, según la OCDE, los costos laborales más altos de la región: de cada 100 pesos que paga un empleador, sólo 65 llegan al trabajador.

Mientras tanto, la CGT acusa “falta de voluntad” del Gobierno para negociar. Desde Pensar plantean esquemas transitorios de reducción de contribuciones y blanqueos focalizados como posibles vías para destrabar la transición hacia un mercado laboral más dinámico.