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El debate sobre las prisiones domiciliarias volvió a escena en Santa Fe a partir de una iniciativa legislativa que apunta a cerrar una grieta sensible del sistema penal. El diputado de Unidos-UCR Martín Rosúa presentó un proyecto de ley que propone fijar un límite máximo de 120 metros cuadrados para las viviendas donde se cumplan condenas bajo esta modalidad, además de prohibir amenities de lujo que, según el legislador, desvirtúan el sentido de la pena.
La iniciativa también avanza sobre otros aspectos clave: establece un régimen de visitas idéntico al del Servicio Penitenciario, prohíbe el uso de celulares, routers y acceso libre a internet, e impone un sistema de monitoreo electrónico obligatorio con controles sorpresivos. Cualquier incumplimiento derivaría en la revocación inmediata del beneficio, junto con la creación de un registro público para garantizar transparencia.
Rosúa fue contundente al referirse a lo que define como “prisiones domiciliarias VIP”. Según explicó, un instituto pensado para situaciones excepcionales y humanitarias terminó funcionando como un privilegio para condenados por delitos graves, incluidos casos de corrupción y defraudación al Estado. “Se han conocido situaciones con fiestas, reuniones masivas y celebraciones en domicilios donde debía cumplirse una pena”, advirtió.
El legislador contrastó ese escenario con la realidad de los internos alojados en cárceles provinciales, sometidos a cupos de visitas, horarios estrictos, controles permanentes y espacios reducidos. Para Rosúa, el sistema actual genera desigualdades basadas en la capacidad económica, una situación que considera incompatible con la Constitución y los principios republicanos.
“El problema no fue la falta de normas, sino la falta de aplicación rigurosa”, concluyó, al defender un proyecto que promete reabrir una discusión incómoda pero necesaria sobre igualdad ante la ley.
