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El proyecto de ley de reforma laboral promovido por el gobierno de Javier Milei encendió alarmas en el ámbito sindical, académico y jurídico. Con un articulado que en su versión original alcanzaba los 182 artículos, la iniciativa plantea una profunda reconfiguración de las reglas del trabajo en Argentina, con un eje claro en la flexibilización de las relaciones laborales.
Desde una mirada técnico-jurídica, la propuesta implica un retroceso significativo en derechos consolidados durante décadas. El derecho laboral argentino se construyó históricamente para equilibrar una relación desigual entre empleador y trabajador, y el nuevo esquema, según advierten especialistas, desarma varios de esos pilares. Uno de los puntos más sensibles es el debilitamiento de las garantías frente al despido, con mecanismos que reducen los costos empresariales pero erosionan la estabilidad laboral, en tensión con la Constitución Nacional, la Ley de Contrato de Trabajo y los convenios de la OIT.
La reforma también introduce cambios que flexibilizan, de manera indirecta, la jornada laboral, abriendo la puerta a extensiones horarias sin compensaciones claras, con impacto directo en la salud y el descanso de los trabajadores. A la vez, avanza sobre la negociación colectiva, restringiendo el rol de los sindicatos y promoviendo una mayor individualización de los vínculos laborales.
Lejos de beneficiar al sector empresario, distintos actores sostienen que la iniciativa podría resultar contraproducente. La experiencia histórica muestra que los modelos más estables se apoyan en sindicatos fuertes, reglas claras y canales institucionales de diálogo. Contrariamente al discurso oficial, la reforma no moderniza el mundo del trabajo: reinstala lógicas ya conocidas, asociadas a mayor precarización, salarios a la baja e incertidumbre social.
El desafío sigue siendo el mismo: compatibilizar desarrollo económico con derechos laborales, sin que el ajuste recaiga, una vez más, sobre los sectores más vulnerables.
