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Desde este jueves 15 de enero, los teléfonos celulares importados dejarán de pagar aranceles, una decisión que el Gobierno confía en que se traduzca en una baja de precios para los consumidores y en una mayor accesibilidad a la tecnología. La medida quedó formalizada a través del Decreto 333/2025, publicado en mayo del año pasado, y completa un proceso de reducción progresiva que llevó el impuesto del 9,5% a cero.
Según los fundamentos oficiales, la eliminación del arancel apunta a mejorar las condiciones de oferta, reducir los precios de mercado y facilitar el acceso de un mayor número de personas a dispositivos móviles. En ese sentido, desde el Ejecutivo sostienen que la decisión promueve la inclusión digital y acompaña el desarrollo tecnológico, en un contexto donde el celular se volvió una herramienta central para la educación, el trabajo y la comunicación cotidiana.
Sin embargo, el impacto de la medida no es uniforme. La decisión afecta de manera directa a la industria electrónica radicada en Tierra del Fuego, históricamente protegida por un régimen diferencial que buscaba fomentar el empleo y la producción local. La eliminación del arancel reaviva así un debate de larga data sobre los costos, la competitividad y la sustentabilidad del esquema industrial fueguino frente a la apertura comercial.
Pese a las críticas y las advertencias del sector, las autoridades nacionales consideran que la prioridad es aliviar el bolsillo de los consumidores y ampliar el acceso a tecnología a precios más bajos. En los próximos meses, el mercado dirá si la quita del arancel se refleja efectivamente en los valores finales y si el beneficio llega, como promete el Gobierno, a los usuarios.
