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A fines del año pasado, la Justicia avanzó con una serie de allanamientos en los domicilios de cinco altos funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el marco de una investigación que busca determinar si existió connivencia oficial con casas de cambio vinculadas a Francisco Hauque y Elías Piccirillo. La sospecha es que, en pleno cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fernández, se habría permitido el acceso a dólares al valor oficial que luego eran revendidos en el mercado paralelo, en una operatoria conocida como “rulo”, con ganancias millonarias.
Durante uno de los procedimientos se secuestró un sumario interno de la financiera ARG EXCHANGE S.A., hallado en el domicilio de Analía Jaime, inspectora general de supervisión de entidades no financieras del BCRA. El documento, de 22 páginas, fue considerado de “posible interés para la investigación” y describe operaciones de compra y venta de divisas realizadas entre enero y agosto de 2023 por un total de 184.825.507 dólares, según consta en el acta policial citada por Clarín.
El informe señala que Piccirillo figuraba como titular del 90% del capital de la firma, mientras que su socio Martín Migueles era presidente desde marzo de 2023. En ese período, la brecha entre el dólar oficial y el blue superaba el 100%, lo que multiplicaba las ganancias de quienes lograban acceder a divisas al tipo de cambio regulado.
La causa tomó mayor impulso tras la difusión de audios en los que Piccirillo y Hauque reconocen maniobras con grandes sumas de dinero y se acusan mutuamente por deudas derivadas de operaciones ilegales. En otras grabaciones, una inspectora del BCRA afirma que las irregularidades habían sido denunciadas internamente sin consecuencias, aludiendo a supuestos “entongues” en niveles superiores.
Para los investigadores, la magnitud de las operaciones y el contexto del cepo hacen difícil creer que el esquema pudiera funcionar sin fallas graves en los controles. Ahora, la Justicia deberá determinar si el informe hallado y las pruebas reunidas confirman una red de complicidades dentro del organismo encargado de regular el mercado cambiario.
