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La causa que investiga el femicidio de Érika Álvarez en Tucumán atraviesa un momento clave y podría derivar en nuevas detenciones vinculadas al narcotráfico. Así lo confirmaron fuentes oficiales en las últimas horas, luego de la detención de Justina Gordillo, funcionaria judicial de la provincia y pareja de Felipe Sosa, principal acusado por el crimen.
El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, aseguró ante medios locales que la investigación “no está finalizada” y que existen líneas abiertas que podrían derivar en más arrestos. Entre ellas, una hipótesis que apunta a posibles conexiones con circuitos de comercialización y tráfico de estupefacientes, un elemento que complejiza aún más el expediente.
La detención de Gordillo se concretó este fin de semana, en el marco de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia. Según trascendió, la funcionaria habría estado presente la noche del asesinato y habría mantenido relaciones sexuales tanto con Sosa como con la víctima horas antes del femicidio. Ese dato despertó fuertes sospechas entre los investigadores, que ahora intentan determinar si tuvo una participación directa en el crimen o si posee información clave para reconstruir lo ocurrido.
Durante el procedimiento, la Policía secuestró un automóvil y un teléfono celular que pertenecían a la detenida. Ambos elementos quedaron bajo resguardo como prueba material y serán sometidos a peritajes técnicos, en busca de comunicaciones, movimientos y registros que permitan avanzar en la causa.
Mientras la investigación continúa bajo un fuerte hermetismo, desde las fuerzas de seguridad remarcan que el caso podría escalar en los próximos días. El femicidio de Érika Álvarez, que ya había conmocionado a la provincia, suma ahora un entramado judicial y delictivo que mantiene en vilo a Tucumán y refuerza el reclamo social de justicia y esclarecimiento total.
