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En un intento por descomprimir el conflicto policial que mantuvo en vilo a Rosario y a la capital santafesina, el Gobierno provincial anunció la suspensión del pase a disponibilidad de 20 efectivos sancionados por haber interrumpido sus tareas en el marco de los reclamos salariales. La decisión fue comunicada este miércoles por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a su par de Economía, Pablo Olivares.
“Quiero instar al escaso personal que aún no ha recuperado la normalidad del servicio a que se presente, tome el arma y el chaleco, y se reintegre de inmediato”, sostuvo Cococcioni en conferencia de prensa. El funcionario admitió que fueron “días particularmente desafiantes”, aunque aseguró que la seguridad “estuvo garantizada”, con un despliegue que incluyó más de 100 móviles, 140 caminantes y apoyo de fuerzas federales.
El ministro remarcó que nunca se negaron al diálogo, pero aclaró que exigieron primero la normalización del servicio. Según indicó, la mayoría de los efectivos volvió gradualmente a sus funciones y ahora el desafío es encontrar interlocutores que puedan canalizar los acuerdos.
Cococcioni consideró “aceptable y admisible” el reclamo salarial, centrado en que el agente de menor jerarquía alcance la canasta básica. Incluso abrió la puerta a una recomposición diferenciada para las fuerzas de seguridad, al señalar que “no es menor de dónde venga y quién hace el reclamo”.
En esa línea, Olivares anunció que todo el personal policial y penitenciario con jornadas de 48 horas o más tendrá un ingreso no inferior a la canasta básica que publica el Indec. La medida apunta a reforzar los salarios más bajos y avanzar en una jerarquización que reconozca responsabilidades y carga horaria.
Mientras el conflicto pierde intensidad, el Gobierno apuesta a recomponer el vínculo con una fuerza que —admiten— arrastra desgaste por años de alta exigencia operativa.
