El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil y baja la edad de imputabilidad a 14 años

La Ley 27.801 fue oficializada por decreto en el Boletín Oficial. Establece un sistema de penas graduadas para menores de entre 14 y 18 años y reemplaza el régimen vigente desde 1980.
Actualidad09/03/2026Studio 341 NewsStudio 341 News

El Gobierno de Javier Milei promulgó este lunes la Ley 27.801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, a través del Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada. La normativa introduce una reforma profunda en la legislación penal argentina al bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establecer un esquema de sanciones específico para adolescentes.

La ley fija que los jóvenes de entre 14 y 18 años podrán ser juzgados penalmente cuando cometan delitos tipificados en el Código Penal. El sistema incorpora un modelo de penas graduadas que tendrá en cuenta tanto la edad del menor como las circunstancias en las que ocurrió el hecho, con el objetivo de combinar responsabilidad penal con medidas orientadas a la reinserción social.

El nuevo régimen fue aprobado por el Senado durante las sesiones extraordinarias del 27 de febrero, con 44 votos a favor y 27 en contra, lo que significó un nuevo triunfo legislativo para el oficialismo de La Libertad Avanza.

Durante el debate parlamentario, el Gobierno debió modificar su propuesta original, que planteaba bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Tras negociaciones con bloques dialoguistas, el Ejecutivo aceptó elevar el piso a 14 años para lograr el consenso necesario y asegurar la aprobación del proyecto.

La modificación permitió sumar el respaldo de aliados clave como el PRO y la UCR, que consideraban que ese límite representaba un punto de equilibrio más cercano a los estándares regionales.

En América Latina, varios países fijan la imputabilidad penal a partir de los 14 años, como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana. Otros, como Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá, establecen el inicio en los 12 años, aunque en la mayoría de los casos el enfoque prioriza medidas socioeducativas y de reinserción.

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