El Gobierno flexibiliza las patentes farmacéuticas y cambia el régimen vigente desde 2012

La decisión busca alinear a la Argentina con estándares internacionales y forma parte de compromisos asumidos en el acuerdo comercial con Estados Unidos. El INPI evaluará las solicitudes caso por caso.
Actualidad18/03/2026Studio 341 NewsStudio 341 News

El Gobierno nacional resolvió modificar el régimen de patentamiento en el sector químico-farmacéutico al derogar las pautas de patentabilidad vigentes desde 2012, una normativa que durante más de una década había establecido criterios restrictivos para el otorgamiento de patentes en el área de la salud.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución Conjunta 1/2026, firmada por los ministerios de Salud y Economía junto con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). A partir de ahora, el organismo recuperará mayores facultades para analizar cada solicitud de patente de manera individual, aplicando únicamente los requisitos generales de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial previstos en la Ley de Patentes.

Según explicó el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, la decisión busca alinear la normativa local con los estándares internacionales de propiedad intelectual y se enmarca en los compromisos asumidos en el acuerdo comercial con Estados Unidos.

“El INPI analizará cada solicitud de patente caso por caso, conforme a la ley, sin restricciones adicionales”, afirmó el funcionario, quien además aclaró que la modificación no afectará a los medicamentos que ya se encuentran en el mercado, los cuales podrán seguir comercializándose sin cambios.

El régimen derogado imponía limitaciones técnicas para ciertas invenciones, como los polimorfos —diferentes formas cristalinas de una misma sustancia—, así como sales, ésteres y otros derivados, que eran considerados variaciones de compuestos ya conocidos. También excluía patentes vinculadas a segundas indicaciones médicas o cambios en la dosificación.

Desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema apunta a fortalecer los derechos de propiedad intelectual y fomentar la innovación, al generar mayor previsibilidad jurídica para el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos farmacéuticos en el país.

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