Studio 341 NewsEl Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para reformar la legislación vigente sobre discapacidad y endurecer los controles sobre las pensiones por invalidez. La iniciativa, presentada bajo el nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, encendió de inmediato la alarma en todo el sector, que denunció nuevas restricciones para los beneficiarios y advirtió sobre una posible desregulación del sistema de prestaciones básicas.
La preocupación crece además en un contexto marcado por la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y por retrasos en los pagos que, según las entidades prestadoras, ya provocaron consecuencias concretas. En los últimos meses cerraron al menos cuatro centros de día por falta de recursos, mientras otros espacios aseguran que atraviesan una situación límite.
Desde las instituciones explicaron que el principal temor pasa por la pérdida del nomenclador nacional, mecanismo que fija valores de referencia para las prestaciones. Consideran que, si desaparece, cada obra social podría definir unilateralmente cuánto pagar, generando desigualdad en el acceso a tratamientos, acompañamientos terapéuticos y asistencia integral.
“Las personas con discapacidad quedarían sujetas a la cobertura que cada empresa decida brindar”, señalaron referentes del área, quienes remarcaron que el sistema actual garantiza atención más allá de la condición económica de cada familia.
La crisis también golpea a los trabajadores del sector. Directivos de distintos establecimientos afirmaron que hoy resulta imposible proyectar contrataciones o sostener equipos profesionales sin certezas presupuestarias.
Otro foco crítico es el transporte. Familias denunciaron que muchos prestadores dejaron de trabajar porque los valores oficiales no alcanzan para cubrir combustible, mantenimiento y seguros. Como consecuencia, numerosos niños y adolescentes tienen dificultades para asistir a terapias, escuelas especiales y centros de rehabilitación.
Mientras el proyecto comienza su debate legislativo, el sector reclama financiamiento urgente y advierte que, sin respuestas inmediatas, el sistema podría entrar en una etapa de colapso.
