Studio 341 NewsEn la antesala de una nueva marcha universitaria, el gobierno de Javier Milei volvió a tensar su relación con las universidades nacionales y salió a cuestionar con dureza la movilización convocada para este martes. Desde la Casa Rosada insistieron en que detrás del reclamo existe una “fuerte influencia política” y remarcaron que continuarán impulsando auditorías y controles sobre los gastos de las casas de estudio.
“Claramente política”, definieron desde el oficialismo sobre la protesta impulsada por sectores universitarios, docentes y gremiales. El secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, reconoció que existe un reclamo salarial “genuino”, aunque consideró que la convocatoria quedó atravesada por intereses partidarios. Como ejemplo, mencionó la foto de rectores peronistas junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y el respaldo de la Confederación General del Trabajo a la movilización.
En la misma línea, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aseguró que el Gobierno busca dar una “batalla cultural” para explicar que no pretende cerrar universidades públicas, sino transparentar el uso de los recursos estatales.
El eje del conflicto pasa por la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso el año pasado, que contempla actualizaciones salariales vinculadas a la inflación de 2024 y 2025. Mientras las universidades exigen su ejecución inmediata, el Gobierno sostiene que la norma no especifica el origen de los fondos y que contradice la Ley de Administración Financiera. Tras dos fallos favorables para las universidades, la definición final quedó ahora en manos de la Corte Suprema.
