Studio 341 NewsEl paquete de reformas en seguridad enviado por el gobernador Maximiliano Pullaro a la Legislatura santafesina abrió un frente político de alto voltaje. El Gobierno sostiene que las medidas responden a necesidades operativas para profundizar la lucha contra el delito, pero críticos de distintos espacios advierten que varios puntos tensan los límites constitucionales y podrían afectar garantías procesales.
Las objeciones llegaron desde sectores de izquierda, referentes del peronismo, legisladores provinciales e incluso actores del ámbito judicial. Diputados opositores hablaron de artículos "abiertamente inconstitucionales", mientras la Defensa Pública y asociaciones vinculadas al derecho penal anticiparon reparos y posibles impugnaciones.
Dentro de Unidos, el panorama también exhibe matices. El radicalismo respalda la iniciativa, pero el socialismo, actor central por su peso legislativo, se mueve con cautela y apuesta a una negociación artículo por artículo antes de avanzar.
En paralelo, Pullaro profundiza una estrategia política basada en confrontar con modelos de seguridad anteriores. El Gobierno intenta instalar un contraste con las gestiones pasadas y posicionarse como representante de una demanda social más estricta frente al delito.
La discusión recién comienza. Ahora será la Legislatura la que deberá definir si modera, corrige o respalda el proyecto original del Ejecutivo.
