El Gobierno impulsa una nueva ley contra la ludopatía: prohibirá apuestas online a menores, pero habilitará la publicidad regulada

El proyecto enviado al Senado busca endurecer las sanciones contra plataformas ilegales y reforzar medidas de prevención, aunque genera controversia por permitir campañas publicitarias de operadores autorizados. La iniciativa reabre el debate político que había dejado abierto Diputados.
Actualidad25/05/2026Studio 341 NewsStudio 341 News

El Gobierno nacional envió al Senado un nuevo proyecto para combatir la ludopatía y regular las apuestas online, con un eje claro: impedir el acceso de menores de edad a plataformas de juego digital. Sin embargo, la iniciativa abre un punto de fuerte discusión política al permitir la publicidad de operadores autorizados, una postura diferente a la aprobada por la Cámara de Diputados a fines de 2024.

La propuesta oficial deberá ahora atravesar el debate legislativo en las comisiones de Legislación General, Salud y Justicia y Asuntos Penales. Allí se espera una fuerte disputa, especialmente por el apartado vinculado a la promoción y difusión de las apuestas.

El texto aprobado por Diputados en noviembre de 2024 había avanzado con un criterio más restrictivo y obtuvo 139 votos afirmativos, impulsados por sectores del peronismo, Encuentro Federal, la izquierda y otros bloques opositores. En cambio, La Libertad Avanza había votado en contra y el PRO, la UCR y el MID optaron mayormente por abstenerse.

Entre los principales puntos de la nueva iniciativa se establece la prohibición del acceso de menores a plataformas de apuestas, el desarrollo de campañas de concientización sobre los efectos del juego patológico y la elaboración de estadísticas para identificar poblaciones vulnerables.

En cuanto a la publicidad, el proyecto habilita campañas de operadores autorizados bajo ciertas condiciones: no podrán dirigirse a menores ni asociar el juego con éxito social, laboral o personal. Además, se prohibirá vincular las apuestas con el consumo de alcohol o tabaco.

El texto también endurece las penas para quienes operen sistemas ilegales. Las sanciones previstas incluyen penas de entre tres y seis años de prisión para responsables de plataformas clandestinas y entre dos y cuatro años para quienes faciliten servicios financieros, tecnológicos o publicitarios destinados a sostener operaciones sin autorización.

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