Studio 341 NewsMelín Sartori tenía 24 años, gozaba de buena salud y buscaba retomar la normalidad en plena salida de la pandemia. En julio de 2021 recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V, pero una semana después comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales que derivaron en un cuadro clínico irreversible.
Tras una primera consulta médica en la que se interpretó que padecía un problema gastrointestinal, la joven volvió a ser internada horas más tarde debido al agravamiento de los síntomas. Los estudios detectaron una trombosis con trombocitopenia, una condición asociada a una disminución severa de plaquetas y que, según especialistas, podía estar vinculada a efectos adversos de la vacuna.
Pese a ser sometida a tres intervenciones quirúrgicas, Sartori quedó en estado vegetativo y finalmente falleció. Desde entonces, su familia inició un largo reclamo administrativo y judicial para obtener una respuesta oficial sobre las causas de la muerte.
El abogado Martín Diego Barbará explicó que el caso avanzó en el marco de la Ley 27.573, que contempla mecanismos de compensación por daños derivados de vacunas contra el Covid-19. Tras años de recursos y presentación de informes médicos, el Ministerio de Salud de la Nación reconoció el vínculo de causalidad entre la inoculación y el cuadro que sufrió la joven.
La Cámara Federal de Córdoba consideró determinante ese reconocimiento y ordenó una indemnización de $95 millones para la familia. Sin embargo, los allegados de Melín aseguran que el objetivo nunca fue económico, sino obtener una respuesta institucional que confirmara lo que sostenían desde el primer día: que la muerte de la joven estuvo relacionada con la aplicación de la vacuna.
