Ordenaron detener a cinco personas por el crimen del empresario descuartizado

La Fiscalía de Lomas de Zamora ordenó llevar a cabo cinco detenciones por el crimen del empresario Fernando Pérez Algaba, quien apareció hace unas semanas descuartizado en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge en lo que sería un aparente ajuste de cuentas por deudas de dinero que tenía.

El fiscal en lo penal de Lomas de Zamora, Marcelo Domínguez, ordenó realizar una serie de allanamientos que abarcan cinco pedidos de detención que, finalmente, fueron convalidados por el Juzgado.

En el marco de la causa, fueron apresados Luis Alberto Contreras, Matías Gil y Fernando Carrizo, mientras que quedan por detener otras tres personas.

En tanto, también hay pedidos de detención sobre Maximiliano Pielich y Nahuel Vargas, quienes estuvieron en momentos previos al hecho con el empresario asesinado.

Pérez Algaba, quien fue encontrado desmembrado el 23 de julio pasado en Ingeniero Budge, era un empresario dedicado a las finanzas y que, previamente, se había desempeñado en la compra-venta de vehículos deportivos.

Tras su muerte, circularon una gran cantidad de audios que tenían como protagonista al empresario apodado “Lechuga” y a otras personas donde lo amenazaban a raíz de las abultadas deudas de dinero que tenía. 

Para la Justicia, fue un homicidio cuádruplemente agravado por alevosía, por codicia, con uso de arma de fuego y en concurso premeditado de varias personas.

Según la Fiscalía, quienes lo mataron tenían una deuda de dinero con él y, al asesinarlo, se libraban de esa obligación, a la vez que se estima que el crimen sucedió al menos entre cuatro a cinco días antes de ser encontradas las partes de su cuerpo en una valija, una mochila y una bolsa de residuos. 

Para la Fiscalía, existía una relación comercial entre el empresario asesinado y los ahora detenidos, mientras que Maximiliano Pilepich tenía una deuda  con él que se estimaba en 150 mil dólares. 

El 18 de julio se comprobó que Pérez Algaba se encontró con Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas en un descampado de General Rodríguez. Según declararon ellos como testigos inicialmente, le habían hecho entrega de 75 mil dólares y se fueron dejándolo solo.

Incluso, el fiscal recolectó un audio de WhatsApp que la víctima le envío a una persona aquel 18 de julio donde dijo que temía por su vida cuando se iba a encontrar con Pilepich en el predio “Renacer” donde se proyectaba la construcción de un barrio privado. 

La Fiscalía valoró que existía una relación “amor y odio” entre la víctima y Pilepich por los vínculos comerciales y donde, en una ocasión, el segundo le había efectuado disparos sin impactarle. 

Según la geolocalización que arroja el dispositivo celular del empresario, luego de ese encuentro se dirigió a Moreno por el Acceso Oeste y en esa zona tiene en las antenas diez impactos de señal, seis de los cuales coinciden con un teléfono a nombre de un abogado que se desempeña en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de nombre Marcelo Marañón. 

El equipo en cuestión y que estaba a nombre del funcionario -quien renunció en mayo de este año- es por ser quien hizo la licitación para la compra de los equipos y los mismos estaban destinados a la Policía de la Ciudad.

Ese teléfono fue utilizado -según el fiscal- por Pilepich el 18 de julio hasta el 25 y eso porque, según la geolocalización del mismo, el primer día impactó en las oficinas del Ministerio de Seguridad en Capital Federal y luego lo hizo en el country donde vive el ahora detenido. 

Incluso, tuvo varios llamados con gente de su entorno los cuales constan en la investigación. También tuvo un impacto de señal en coincidencia con el teléfono de Pérez Algaba aquel 18 de julio donde tuvo lugar el encuentro entre ambos en el predio “Renacer”.

También tiene un impacto ese teléfono licitado a nombre de Marañón, pero que se supone usó Pilepich, el 19 de julio en la zona de Ingeniero Budge, donde el cuerpo fue encontrado desmembrado cuatro días más tarde. 

Los allanamientos dispuestos por el fiscal Marcelo Domínguez fueron en Hurlingham, Moreno, Capital Federal, Guernica, Budge y en Mar de Ajó.

Si bien los pedidos de detención de la Fiscalía eran de ocho personas, el juez dijo que sobre Hernán Córdoba y Flavia Bomrad no había pruebas. El primero fue quien habría dado -según la Fiscalía- el teléfono a Pilepich para comunicarse aquellos días del crimen y la segunda, supuestamente, lo convenció a la víctima de ir al predio donde se encontró con su asesino.

De esta forma, el juez de turno sólo convalidó la detención de cinco personas: Pilepich, Vargas Contreras, Carrizo, Gi,; y no hizo lugar al de Contreras, Bomrad y la ampliación de la mujer trans Alma Chamorro, esta última ya está detenida por ser partícipe secundaria al ser quien habría aportado la valija donde aparecieron partes del cuerpo de Pérez Algaba.