Milei promulgó la ley que habilita la regularización de armas sin registrar y extiende el plan de entrega voluntaria

La nueva normativa establece un plazo de 360 días para que particulares y personas jurídicas declaren armas de fuego no registradas o con documentación irregular. El proceso será supervisado por la ANMAC, que podrá rechazar solicitudes e incluso incautar el material si detecta irregularidades graves.
Actualidad19/06/2026Studio 341 NewsStudio 341 News

El presidente Javier Milei promulgó la Ley 27.805 de Armas de Fuego, una norma que pone en marcha un régimen excepcional para regularizar la tenencia de armas no registradas y, al mismo tiempo, prorroga el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. La medida, aprobada semanas atrás por el Senado y publicada en el Boletín Oficial, busca actualizar la situación registral de miles de armas que permanecen fuera del sistema oficial.

La legislación establece un plazo de 360 días para que personas físicas y jurídicas que posean armas de uso civil o de uso civil condicional, así como sus repuestos principales, puedan presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) e iniciar el trámite de regularización.

El procedimiento comenzará con la declaración voluntaria del arma y continuará con una serie de controles técnicos, administrativos y registrales destinados a verificar su legalidad y condiciones de uso. Solo quienes superen esas instancias podrán incorporar el arma y los datos de su titular al Banco Nacional Informatizado de Datos.

La norma también exige que quienes aún no sean legítimos usuarios gestionen esa condición para obtener la autorización correspondiente. En paralelo, la ANMAC podrá rechazar el trámite e iniciar el secuestro del arma si detecta impedimentos técnicos, documentación irregular, alteraciones en los números identificatorios o la tenencia de armamento prohibido.

Además, el beneficio de la regularización no alcanzará a quienes ya estén siendo investigados judicialmente por tenencia ilegal de armas. Antes de concluir el trámite, la autoridad de aplicación deberá informar a cada solicitante sobre los riesgos vinculados a la posesión de armas y las alternativas disponibles para su entrega voluntaria, un programa que el Gobierno decidió extender con el objetivo de reducir la cantidad de armas en circulación y fortalecer los mecanismos de control estatal.

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