Studio 341 NewsLa decisión de la Corte Suprema de Justicia de mantener vigente la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario provocó una fuerte reacción dentro del Gobierno. El fallo no solo representa un revés político para la administración de Javier Milei, sino que también expuso diferencias internas sobre la estrategia judicial que se llevó adelante.
En la Casa Rosada aseguran que el costo de aplicar la normativa ronda los 1,3 billones de pesos, una cifra que, según el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, no tiene respaldo en el presupuesto vigente. Pese a ello, en Economía ya comenzaron a recalcular partidas para afrontar el nuevo escenario.
El malestar también alcanzó a los sectores encargados del frente judicial. Fuentes libertarias sostienen que el Ministerio de Capital Humano mantenía negociaciones avanzadas con los rectores para consensuar una nueva ley de financiamiento compatible con el equilibrio fiscal, pero ese proyecto nunca logró avanzar en el Congreso.
Dentro del oficialismo atribuyen esa demora a la estrategia impulsada desde el área de Justicia, que apostó a una resolución favorable de la Corte. Incluso, aseguran que se transmitía la expectativa de que el máximo tribunal otorgaría "un gesto" político al Gobierno. El fallo, sin embargo, frustró ese cálculo y profundizó las críticas internas.
Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte rechazó el planteo del Estado por considerarlo inadmisible desde el punto de vista procesal, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley ni del Decreto 759/25.
