Studio 341 NewsEl ex diputado nacional José Luis Espert compareció este martes ante los Tribunales Federales de San Isidro en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de activos. Durante la audiencia ante el juez federal Lino Mirabelli, el economista decidió no responder preguntas y presentó un escrito acompañado por documentación con la que busca respaldar su versión de los hechos.
Al retirarse de los tribunales, poco antes del mediodía, Espert evitó hacer declaraciones públicas. "No voy a hacer declaraciones, las declaraciones las hice ante el juez", sostuvo de manera escueta.
En paralelo, su defensa difundió un comunicado en el que explicó que la decisión de abstenerse de declarar oralmente responde al ejercicio de un derecho constitucional, al considerar que aún no están dadas las condiciones para un "proceso justo". Además, remarcaron que la estrategia "no implica silencio", sino la exigencia de que la investigación respete las garantías previstas por la ley.
Como parte de la presentación, los abogados incorporaron once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019. Según indicaron, esos mensajes acreditan la existencia y ejecución de un contrato de servicios profesionales vinculado al pago bajo investigación y constituyen documentación "inalterable y verificable". También solicitaron que el juez Mirabelli reasuma la conducción directa del expediente, actualmente delegado en la Fiscalía Federal.
La causa tiene como eje una transferencia de US$ 200.000 recibida en enero de 2020 en una cuenta bancaria en Estados Unidos, dinero que, según la investigación, no habría sido declarado ante la AFIP. Los fondos provenían de una empresa vinculada al empresario aeronáutico Fred Machado, condenado por lavado de dinero en Estados Unidos. Mientras Espert sostiene que el pago respondió a una consultoría para una firma radicada en Guatemala, la Justicia intenta determinar si ese dinero fue destinado a la compra de vehículos de alta gama y a inversiones inmobiliarias. En ese contexto, el dirigente continúa con sus bienes inhibidos por orden judicial, medida que también alcanza a empresas vinculadas y parte de su entorno familiar.
