Gran Jurado en Miami investiga a la cúpula de la AFA por presunto lavado de dinero y fraude bancario

La Justicia de Estados Unidos convocó a testigos en una investigación reservada sobre los negocios vinculados con la explotación comercial de la Selección argentina. El expediente pone bajo la lupa a Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni, además de la empresa TourProdEnter LLC.
Actualidad30/07/2026Studio 341 NewsStudio 341 News

Un Gran Jurado con sede en Miami comenzará este jueves una serie de audiencias reservadas para determinar si integrantes de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresarios vinculados incurrieron en delitos financieros en Estados Unidos.

Las declaraciones, previstas desde las 9 de la mañana, forman parte de una investigación federal que busca reunir elementos sobre posibles maniobras de lavado de dinero y fraude bancario. Los testigos fueron citados mediante una orden judicial —subpoena— que les exige entregar documentación y comunicaciones relacionadas con TourProdEnter LLC y con cuatro figuras vinculadas al fútbol argentino: Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.

La pesquisa está a cargo de Michael Berger, de la fiscalía de Florida, y Patrick Gushue, del Departamento de Justicia estadounidense. El objetivo es determinar si existieron desvíos de fondos provenientes de negocios asociados a la Selección argentina en el exterior.

El principal foco de atención está puesto sobre TourProdEnter LLC, una sociedad registrada en Estados Unidos cuya titularidad corresponde a Faroni y su esposa, Erica Gillette. Según la hipótesis investigativa, la firma habría administrado cerca de US$300 millones desde 2021, derivados de contratos para organizar amistosos internacionales y acuerdos comerciales con compañías como Adidas y Warner.

Los investigadores también rastrean movimientos realizados a través de bancos como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.

Por ahora, el Gran Jurado trabaja a puertas cerradas y no tiene un plazo establecido para resolver si existen elementos suficientes para avanzar formalmente contra los involucrados.

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