Studio 341 NewsLa administración de las Islas Malvinas, bajo control británico, decidió extender por cinco años todas las licencias vigentes para la exploración y producción de hidrocarburos offshore en el Atlántico Sur. La medida, que cuenta con el respaldo del Reino Unido, suma un nuevo capítulo a la disputa con Argentina por la soberanía y la explotación de los recursos naturales del archipiélago.
Los permisos podrán extenderse además por otros dos años, siempre que las empresas cumplan con los programas de trabajo establecidos. Desde la administración isleña señalaron que la decisión busca dar previsibilidad a los operadores y favorecer nuevas inversiones.
“Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas”, afirmó Cheryl Roberts, responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales de las islas.
Uno de los principales proyectos alcanzados es Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas y operado por la israelí Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration. El proyecto ingresó en fase de desarrollo y mantiene como objetivo iniciar la extracción de crudo en marzo de 2028.
La decisión se conoció en medio de la ofensiva del Gobierno argentino contra las empresas que participan de la actividad petrolera en la zona. La Argentina sostiene que las licencias otorgadas por las autoridades isleñas son ilegales y abrió procedimientos administrativos y acciones judiciales contra las compañías involucradas.
En paralelo, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó frenar las obras vinculadas al desarrollo de Sea Lion, aunque la aplicación efectiva de la medida enfrenta el límite de la falta de cooperación internacional.
Además de Navitas y Rockhopper, existen permisos exploratorios vinculados a Borders & Southern, Desire Petroleum y la canadiense JHI. La administración isleña también autorizó a una subsidiaria de Navitas a adquirir el 65% del bloque PL001, ubicado junto a Sea Lion.
Mientras Londres sostiene que las autoridades argentinas no tienen jurisdicción sobre las operaciones en las islas, Buenos Aires mantiene su reclamo de soberanía y cuestiona cualquier explotación de hidrocarburos sin autorización argentina.
