Studio 341 NewsLa Cámara de Diputados pondrá en marcha este miércoles 30 de septiembre el debate sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una de las iniciativas centrales del Gobierno en su nueva ofensiva política sobre la cuestión Malvinas. El texto fue enviado al Congreso el 17 de septiembre y ya tiene un cronograma tentativo: discusión en comisiones, dictamen el 6 de octubre y eventual tratamiento en el recinto el 7.
El primer encuentro será a las 12, con un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Las tres están presididas por legisladores del oficialismo: Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán.
La iniciativa, de 133 artículos, amplía las sanciones para quienes exploten recursos naturales en Malvinas y los espacios marítimos e insulares reclamados por la Argentina. También crea un registro público de infractores y contempla penas de hasta 20 años de prisión.
Pero el proyecto excede la cuestión Malvinas. Entre sus disposiciones figura la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas, con atribuciones para coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia.
El texto también contempla medidas frente a amenazas consideradas graves e inminentes, además de nuevas disposiciones sobre financiamiento extranjero de partidos, operaciones de inteligencia y campañas coordinadas de desinformación.
Uno de los puntos más sensibles es la ampliación de las funciones de Defensa Nacional frente a determinadas amenazas externas y la incorporación de herramientas vinculadas con infraestructura crítica y seguridad.
Desde la oposición cuestionaron el alcance de estas facultades. El diputado de Unión por la Patria Mariano Marino calificó la iniciativa como un "caballo de Troya" y sostuvo que, detrás de las disposiciones vinculadas con Malvinas, se incorporan cambios profundos en materia de seguridad e inteligencia.
El Gobierno, en cambio, sostiene que el proyecto busca proteger los derechos soberanos argentinos, sancionar la explotación no autorizada de recursos y dotar al Estado de herramientas frente a amenazas externas.
Así, el debate que comienza el miércoles tendrá a Malvinas como eje formal, pero también pondrá sobre la mesa una discusión mucho más amplia: hasta dónde deben llegar las nuevas herramientas del Estado en materia de defensa y seguridad nacional.
