Studio 341 News“El desafío que tenemos hoy es ir por los abogados y los contadores que son parte de estas organizaciones criminales”. Con esa definición, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, marcó cuál será, según planteó, el próximo objetivo de la estrategia provincial contra el crimen organizado: seguir la ruta del dinero y avanzar sobre quienes brindan apoyo profesional a las estructuras delictivas.
La declaración fue realizada este miércoles durante la apertura de la jornada “Crimen organizado y flujos financieros ilícitos: desafíos y estrategias para su desarticulación”, en el Complejo Cultural El Túnel del Parque España, en Rosario.
El encuentro reunió a autoridades provinciales, municipales, judiciales y federales para analizar herramientas de inteligencia financiera, lavado de activos y coordinación entre organismos. Pullaro compartió el escenario con el intendente Pablo Javkin, el fiscal federal Matías Scilabra, la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, y el titular de la Unidad de Información Financiera, Matías Álvarez.
Durante su exposición, el gobernador destacó la caída de los homicidios en Rosario. Según los números que presentó, en los últimos tres años la ciudad pasó de 222 homicidios a 63, mientras que en el total provincial la cifra descendió de 315 a 112.
Pullaro atribuyó esa reducción a una estrategia que combinó control territorial, coordinación entre fuerzas y poderes del Estado y persecución del delito. Sin embargo, advirtió que los resultados no implican que el problema esté resuelto.
El mandatario sostuvo que la siguiente etapa debe concentrarse en el patrimonio de las organizaciones criminales y en los circuitos utilizados para lavar dinero.
En ese sentido, destacó el trabajo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y del Comité de Bloqueo Económico provincial.
“La plata que ganás a través del delito la vas a perder”, afirmó Pullaro, quien también pidió profundizar las investigaciones sobre profesionales que, según señaló, intervienen en maniobras financieras, transmiten mensajes o administran recursos ilegales.
Para el gobernador, afectar el poder económico de las bandas constituye uno de los principales desafíos de la nueva etapa. “Si hacemos eso, vamos a poder mostrar políticas públicas que tuvieron éxito en esta región, pero fundamentalmente que pueden ser ejemplo en la República Argentina”, concluyó.
