Studio 341 NewsEl Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la identificación de fuentes específicas de recursos y a la inclusión de las partidas en el Presupuesto.
La decisión fue firmada por el juez Martín Cormick, quien hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). El magistrado ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de inmediato con la ley y dictar las normas necesarias para su implementación.
La norma establece, entre otros puntos, partidas destinadas al funcionamiento de las universidades y una recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes.
El Gobierno había intentado frenar la ley mediante un veto. Tras el rechazo del Congreso y la insistencia parlamentaria, avanzó con el decreto que condicionó su aplicación.
En su fallo, Cormick sostuvo que el decreto no supera un “test mínimo de razonabilidad” y consideró que, ante la imposibilidad de emitir un nuevo veto, terminó operando como una instancia de veto no contemplada por la Constitución.
El juez también defendió la posibilidad de que la Justicia intervenga en decisiones con impacto presupuestario. Además, relativizó el costo fiscal de la medida: según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso citados en la sentencia, el impacto estimado para 2025 equivalía a cerca del 0,23% del PBI nominal proyectado.
