Studio 341 NewsLa Argentina avanzará este lunes con una nueva instancia diplomática y jurídica en el conflicto por la explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean a las Islas Malvinas. Tras vencer el plazo de dos semanas que el presidente Javier Milei había otorgado al Reino Unido para impedir esas actividades, el Gobierno solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en el marco de un procedimiento arbitral previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
La presentación se produce a un mes de la reanudación de la ruta comercial entre Punta Arenas, Chile, y Puerto Argentino. El movimiento se vincula con el escenario energético de las islas, donde el proyecto Sea Lion concentra las principales expectativas de producción petrolera.
Ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, el yacimiento es operado por Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante. Las compañías mantienen el objetivo de comenzar a producir en 2028, luego de iniciar las perforaciones de desarrollo a principios de 2027. La primera etapa contempla alcanzar los 55.000 barriles diarios, con una capacidad potencial de 125.000 en fases posteriores.
El director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, definió el momento como decisivo para el proyecto. Desde el Gobierno argentino, en cambio, cuestionaron las operaciones y advirtieron sobre las consecuencias de avanzar sin autorización de la Argentina. La compañía sostiene que cuenta con licencias otorgadas por las autoridades isleñas y calificó las medidas argentinas como ilegítimas.
La Cancillería, con la intervención del embajador Mario Oyarzábal, especialista en Derecho Internacional, coordina el procedimiento. El canciller Pablo Quirno destacó que será la primera vez que la Argentina someta ante un tribunal internacional la disputa por las acciones unilaterales británicas vinculadas con los hidrocarburos.
El TIDM tiene sede en Hamburgo y su intervención no resolverá la cuestión de soberanía sobre las Malvinas. Su competencia se concentra en asuntos regulados por el Derecho del Mar. La ofensiva jurídica argentina busca cuestionar el desarrollo de las actividades petroleras dentro de un conflicto que permanece abierto desde 1833.
